Desde hace 10 días auditan el órgano de Guaicaipuro
Amy Torres. Por quinta vez recae sobre la Contraloría de Guaicaipuro un proceso de intervención, a cargo de Gricelda del Carmen Pernalete, quien tiene la tarea de aplicar una serie de correctivos a las irregularidades halladas durante la gestión de José Antonio Fedullo Del Ducca, que puso su cargo a la orden tras ser designado como director general de Sistemas Contables y Análisis Financiero de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (Oncop), del Ministerio de Economía.
Pese a la renuncia de Fedullo y a su designación como directivo en la Oncop el 18 de febrero; en la Gaceta Nº 40.361 del 21 de febrero se establece su destitución como contralor de Guaicaipuro, cargo que para la fecha no ejercía. En medio de este proceso de auditoría, que suma diez días, una trabajadora del ente, que pidió no identificarse por temor a represalias, se comunicó con la redacción de Avance a fin de denunciar que el equipo de Pernalete lleva a cabo una cacería de brujas en contra de los empleados.
“Nos cuentan hasta los minutos que usamos para ir al baño y nos amenazan con sumarnos el tiempo que utilizamos para cada actividad y descontarlo del pago de los cestatickets”. Refirió que les espían las llamadas telefónicas y son vigilados para que no puedan denunciar personalmente estos atropellos en los medios de comunicación. “Lo que pedimos es un alto al acoso, al psicoterror y a la presión indiscriminada, dado que nosotros no somos responsables de las fallas halladas”.
Sobre Pernalete se supo que cuenta con más de 25 años de servicio en la administración pública, 14 de ellos en la Contraloría de Miranda. También se desempeñó como interventora en Acevedo. De acuerdo con Norman Silva, contralor regional, este proceso se ejecuta por orden de la contralora general de la República, Adelina González, dado que se encontraron ilícitos en el pago de emolumentos y viáticos que se hicieron en 2011 sin contar con disponibilidad presupuestaria. Además, constataron la cancelación de la bonificación de fin año por encima de los cálculos correspondientes.
También hallaron vicios en la contratación de Pólizas de Seguro Colectivo de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), atención oftalmológica y odontológica. El servicio se adquirió sin tener la disponibilidad presupuestaria. Según el ente estadal, durante la gestión de Fedullo no pagaron pasivos laborales a pesar de que contaban con los recursos, los cuales generaron intereses por concepto de mora y afectan el patrimonio del municipio.
Como se establece en la Gaceta Nº 40.361, a la Contraloría General de la República le pareció grave que el director general, Ángel Figueroa, divulgara a través de la prensa información de actuaciones fiscales realizadas a la Alcaldía y entes descentralizados. “Estos son de carácter reservado”.
Tras ser consultado sobre la Contraloría de Carrizal, la cual fue intervenida hace más de dos años, sostuvo que el contralor que asumió, apenas tiene un año al frente del organismo, por lo que no se tiene previsto ninguna fiscalización por ahora.
Reunión con 21 contralores municipales
Silva informó que se efectuó un encuentro con los 21 funcionarios de la entidad, a fin de fijar criterios para este ejercicio fiscal, luego de una reunión que sostuvieron los contralores de estado con su homóloga de Barinas. Asimismo, manifestó que se discutieron las actuaciones fiscales a realizarse este año, al igual que el II encuentro de oficinas de Atención al Ciudadano que se hará a escala nacional el 1º y 2 de abril. Expresó que la idea es impulsar las denuncias en los ciudadanos como mecanismo para que el poder popular ejerza el control. “Acá desarrollaremos el encuentro en las instalaciones de Intevep, con las oficinas municipales, las alcaldías y demás organismos del estado”.
Sobre las protestas que se vienen desarrollando en el país desde el 12 de febrero, manifestó su repudio debido a la pérdida de venezolanos y los daños recurrentes a los bienes que son patrimonio municipal y estadal. “Hay que estar claros en que es legítimo el derecho a la protesta pacífica, pero no a la violencia de los últimos días”.
Por último, aseguró que en los mandatarios locales recae la responsabilidad de velar por el ornato de la municipalidad, al igual que en los gobernadores, quienes deben cuantificar y dar razones de los daños causados durante estas acciones./sa/Félix Laucho
