El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el viernes 1-N que los grandes empresarios ya no serán favorecidos con un proyecto de ley para rebajar los impuestos a los más ricos del país. La medida fue anunciada en medio de una nueva marcha masiva en Santiago para exigir mejoras sociales en el país.
Se trata de una controversial reforma tributaria que establecía que las empresas que pagaran sus impuestos liberaban de hacerlo a sus dueños y socios. Sin embargo, esta decisión significaba una pérdida en las recaudaciones valorada en 800 millones de dólares.
La medida fue anticipada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tras mantener un encuentro con representantes empresariales. El funcionario confirmó que la llamada reintegración tributaria «se desecha en los términos que fue originalmente planteada por el Gobierno».
Además, Briones reconoció que la reforma «era una piedra de tope en la discusión» y precisó que las autoridades revisarán la integración tributaria «cuidando siempre dos cosas fundamentales», la inversión y la responsabilidad fiscal.