Aunque los derechos sindicales son derechos humanos, el Gobierno venezolano los ignora sistemáticamente e infringe de manera alarmante, destacando la situación de indefensión y precariedad a la cual se ven sometidas las organizaciones sindicales, su dirigencia y los trabajadores. Ante esta cruda realidad, el Instituto de Altos Estudios Sindicales (INAESIN) ofrece asistencia técnica de impulso al diálogo social y elaboración de criterios para el debate. Para el ente académico es vital formular una política concertada para la fijación del salario mínimo conforme a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Nelson Landáez, director de Relaciones Institucionales de INAESIN, develó que el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical contabilizó 67 conflictos laborales en Venezuela en el mes de febrero de 2023, siendo el mayor porcentaje de conflictos los protagonizados por trabajadores del sector educación hasta con un 55.22%% del total del mes. “Los empleados de la salud fueron el segundo sector con mayor participación al estar presentes en el 20.90%, el principal motivo de protesta son los reclamos por salarios dignos con un 86.15%. La mayoría de las manifestaciones se dieron en el sector público con 96.54 %.” detalló Landáez.
También consideró que los objetivos de la organización sindical y su práctica política deben estar orientadas a incidir en las estructuras del Estado y transformar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, “Teniendo como misión lograr una sociedad equitativa, no obstante y ante la grave situación económica es imperativo acelerar los procesos para la fijación de salario mínimo digno”, indicó.
El directivo afirmó que una alternativa para defender los derechos humanos y especialmente los laborales es el adquirir conocimiento y luchar por la implementación de las normas internacionales del trabajo y los convenios y recomendaciones de la OIT. “Desde INAESIN ponemos a disposición de las organizaciones sindicales de trabajadores el apoyo técnico para seguir colaborando con el proceso de diálogo y la búsqueda de consensos, para lo cual es urgente la información estadística sobre varios indicadores sociales y económicos a fin de tener insumos para la discusión sobre criterios para fijar el salario mínimo”.
Concluyó que las centrales sindicales no oficialistas, especialmente la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Central Alianza Sindical Independiente (ASI) en reiteradas oportunidades indican como el proceso para la fijación del nuevo salario mínimo no ha llegado a acuerdos concretos. “Los sindicatos afirman que a pesar de las múltiples propuestas presentadas no ha habido avances, en nuestra opinión los trabajadores no pueden continuar padeciendo esta situación de pobreza, sin poder cubrir los requerimientos básicos para la vida que por derecho les corresponde. Un salario digno es derecho humano”, afirmó Landáez.
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