Lagomarsino era empleados contratado de la Unidad Fiscal AMIA

 La Fiscalía argentina rescindió oficialmente el contrato del colaborador del fallecido fiscal Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, quien le prestó el arma acabó con su vida días después de presentar una demanda contra la presidenta Cristina Fernández, confirmaron fuentes fiscales. Según el Ministerio Público Fiscal, la ruptura del acuerdo laboral con Lagomarsino se produjo porque el informático no acudió a trabajar en todo el mes de enero ni en lo que va de febrero.

La Fiscalía también rescindió el contrato del abogado Claudio Rabinovich, otro de los colaboradores que trabajaban con Nisman en la Unidad Fiscal AMIA, por los mismos motivos. Nisman, fiscal especial en la causa que investiga el atentado contra la mutualista judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, falleció en su domicilio de Buenos Aires el pasado 18 de enero, de un tiro en la sien, en circunstancias aún no aclaradas.

El deceso se produjo cuatro días después de haber denunciado a Fernández y a varios dirigentes oficialistas por presunto encubrimiento a los sospechosos iraníes del atentado. La decisión de rescindir los contratos fue adoptada después de que el encargado de reemplazar a Nisman, el fiscal federal Alberto Gentili, comunicase que no iban a trabajar y que no presentaron las facturas correspondientes.

Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa de donde salió el proyectil que mató a Nisman, es el único imputado en la causa hasta la fecha, por prestarle el arma al fiscal. Nisman lo había contratado con un sueldo mensual de 41.800 pesos argentinos (casi 5.000 dólares), el más alto de todos los contratos temporales de la Procuración.

En tanto, Rabinovich es un abogado que colaboraba con Nisman y estuvo en el edificio donde vivía el fiscal el viernes anterior a su fallecimiento. La jueza que encabeza la causa de la muerte de Nisman, Fabiana Palmaghini, hizo público que las últimas pericias realizadas en el domicilio del fiscal hallaron un rastro genético diferente al de Nisman y que se ordenó realizar un cotejo de ADN con muestras de una persona cuya identidad mantuvo reservada.