La Administración de Donald Trump canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados, reseñó Últimas Noticias.
Los abogados también recibieron amenazas legales por si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en Estados Unidos (EEUU).
Con esta decisión el Gobierno estadounidense deja en un limbo legal a unos 30.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años con el objetivo de acelerar sus deportaciones.
Además, pone fin a las prácticas impulsadas durante 20 años y que estaban respaldadas por la Ley de Protección a los Menores Migrantes No Acompañados de 2005, la cual garantizaba asesoría legal competente para estos niños.
Abogados y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, Cristel Martínez, abogada especializada en migración, dijo.
