Hasta la fecha, los organismos jurisdiccionales han otorgado la libertad a 217 privados de libertad
Apenas siete días después de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática registra un avance acelerado en los tribunales del país. El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, informó que ya se han contabilizado 7.461 solicitudes de ciudadanos que buscan acogerse a los beneficios de esta norma, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.990 el pasado 20 de febrero.
Hasta la fecha, los organismos jurisdiccionales han otorgado la libertad a 217 privados de libertad, mientras que 3.934 personas que se encontraban bajo medidas cautelares, como arresto domiciliario o restricciones de presentación, han visto el cese definitivo de sus causas. En total, el Estado ha tramitado 4.151 libertades plenas en todo el territorio nacional.
Pese a la celeridad del proceso, Arreaza enfatizó que la aplicación de la ley no es automática. Actualmente, el Ministerio Público y los tribunales evalúan 3.011 expedientes adicionales para verificar que los solicitantes cumplan con los 13 supuestos de violencia establecidos en el texto legal.
La normativa mantiene criterios de exclusión estrictos para garantizar que no haya impunidad en delitos de extrema gravedad. En este sentido, quedan fuera del beneficio los casos de homicidio intencional, lesiones gravísimas y tráfico de drogas.
De igual forma, la ley prohíbe explícitamente favorecer a involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley contra la Corrupción.