Tildaron de «maniobra política» la revocación de licencias del Departamento del Tesoro, rechazando la tesis de un «error administrativo»
A pocos días de la audiencia crucial del 26 de marzo, la defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentó una moción ante la corte federal de Nueva York con una exigencia clara: el caso debe ser desestimado si Estados Unidos no permite que el Estado venezolano costee los honorarios legales de los acusados.
Según reportó CNN, los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly sostienen que Washington incurre en una falta constitucional al bloquear, mediante la OFAC, el pago a los defensores elegidos por la pareja. Para los litigantes, la pretensión de la fiscalía de imponer abogados de oficio vulnera derechos fundamentales, afirmando que «la única solución es la desestimación del proceso».
El conflicto central radica en la solvencia económica para enfrentar un juicio por narcoterrorismo de esta magnitud. La defensa argumenta que los fiscales no han demostrado que Maduro y Flores posean capital personal para sufragar el proceso, por lo cual apelan a la normativa venezolana que obliga al Estado a proteger legalmente a sus altos cargos.
Asimismo, tildaron de «maniobra política» la revocación de licencias del Departamento del Tesoro, rechazando la tesis de un «error administrativo».
Por su parte, el Ministerio Público estadounidense ratificó su negativa ante el juez, alegando que permitir que un gobierno bajo sanciones financie a individuos en su misma condición compromete la seguridad nacional. Mientras los fiscales insisten en que los señalados cuentan con fondos propios, la defensa asegura que el cerco financiero vicia la integridad del juicio. La resolución que tome el tribunal la próxima semana definirá si el expediente avanza o queda anulado definitivamente.