El gobierno estadounidense avanza en una nueva política migratoria que contempla la anulación de hasta 200.000 visados de turismo y negocios (B1/B2) emitidos entre 2016 y 2026.
La medida alcanzará a ciudadanos extranjeros que, tras ingresar a territorio norteamericano con estos permisos temporales, hayan presentado una solicitud formal de asilo.
La acción, coordinada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca frenar lo que la administración considera un uso indebido de las visas de visitante.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó que ambas agencias cruzan bases de datos para identificar los casos, proceso que se ejecutará de forma progresiva.
La pérdida de la visa no implicará una orden de deportación inmediata. Las personas con procesos de asilo pendientes mantendrán el amparo de su trámite legal en curso, aunque perderán el beneficio del visado de origen con el que entraron al país.
