Las familias de más de 1.300 personas privadas de libertad por distintas causas en 13 estados del país expusieron ante la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sus demandas en materia de derechos humanos, salud y garantías procesales, solicitando un espacio activo en el debate sobre la justicia penal.
La defensora sostuvo un encuentro con integrantes del Comité Nacional de Familias de Venezuela “Allí Hay Libertad”, quienes expusieron preocupaciones sobre las condiciones de reclusión y posibles vulneraciones de los derechos de sus familiares.
Las representantes manifestaron su interés en participar en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal y solicitaron espacios de trabajo con las instituciones competentes para abordar el cumplimiento del debido proceso y el seguimiento de los casos.
Asimismo, pidieron la intervención de la Defensoría para promover condiciones adecuadas en los centros penitenciarios, atención médica oportuna y un trato respetuoso hacia los familiares durante las visitas y gestiones ante las autoridades.
González Lobato destacó la importancia de incorporar las experiencias de las familias a la consulta sobre la reforma de la justicia penal. Señaló que las peticiones serán evaluadas para orientar las actuaciones defensoriales y la articulación con las autoridades competentes, con énfasis en la protección de la salud, el debido proceso y el seguimiento de las situaciones planteadas.
