La Fiscalía de Paraguay solicitó ampliar la imputación penal contra el expresidente Santiago Peña por el presunto delito de asociación criminal, en el marco de la investigación que adelantan las autoridades judiciales sobre las irregularidades financieras registradas en Ueno Bank.
El requerimiento fiscal también incluye a cinco antiguos y actuales funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), quienes son señalados de integrar una presunta red que habría operado desde el aparato estatal para debilitar los controles reguladores y favorecer los intereses del Grupo Vázquez, propietario de la entidad financiera.
De acuerdo con el expediente presentado por los investigadores, desde la Presidencia de la República se habrían coordinado acciones para permitir que el banco continuara captando depósitos a pesar de las advertencias sobre su deterioro económico:
El exmandatario ya enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio. De admitirse el nuevo delito de asociación criminal y hallarse culpable, podría afrontar una pena de hasta 15 años de prisión.
La investigación abarca al expresidente del BCP, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán; y a los exintegrantes del directorio Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, bajo sospecha de ocultar información patrimonial de la entidad.