09/09/15 .-  Un juez procesó al expresidente guatemalteco Otto Pérez, que renunció a su cargo la semana pasada, como presunto miembro de una estructura criminal de defraudación aduanera y tributaria conocida como La Línea.

“Este órgano jurisdiccional concluye en que hay indicios racionales suficientes” para sospechar de su responsabilidad, indicó el magistrado Miguel Ángel Gálvez. “Que quede claro, no lo estoy responsabilizando”, advirtió.

El exmandatario, quien escuchó con serenidad la resolución, se convirtió en el imputado número 39 en ser ligado al proceso abierto por el caso La Línea, a cargo del juez Gálvez.

Tras la decisión, la Fiscalía pidió que se dicte prisión preventiva contra Pérez con el argumento de que “existe peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad”, ya que el expresidente “podría destruir o modificar cualquier medio de prueba o influir en otros imputados”.

La misma petición fue presentada por el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que llevó adelante la acusación contra Pérez junto a la Fiscalía.

El órgano de la ONU advirtió que “existe peligro de fuga”, porque “es evidente el poder que puede tener el señor expresidente sobre personas vinculadas al proceso” y porque “se demostró que esta organización criminal está incrustada en el nivel más alto del Estado”.

Tras la intervención de la parte acusadora, el juez, cuyo análisis sobre los medios de prueba tardó más de tres horas, resolvió dar un receso de 45 minutos antes de escuchar los argumentos de la defensa.

Antes de emitir su resolución, el magistrado hizo un extenso y detallado análisis cronológico de las evidencias, especialmente de las interceptaciones telefónicas captadas por los investigadores entre las diferentes personas y exfuncionarios involucrados, hasta caer en las referencias que conducen a la conexión del expresidente.

Según la Fiscalía y la CICIG, Pérez, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ya detenida y bajo investigación, dirigían la organización criminal.

Pérez renunció a la presidencia de Guatemala el miércoles pasado, un día después de que el Congreso le retirara la inmunidad a solicitud de la CICIG y la Fiscalía.

El ex general retirado, de 64 años, está acusado de formar parte de una red conocida como “La Línea” que supuestamente cobró sobornos por unos 3,7 millones de dólares (28,5 millones de quetzales) en aduanas a cambio de facilitar la evasión de impuestos en las importaciones.

El vicepresidente Alejandro Maldonado asumió el jueves la presidencia para completar los cuatro meses restantes del mandato de Pérez. El nuevo presidente guatemalteco será definido en el ballotage del 25 de octubre, después de que en los comicios del domingo pasado ningún candidato alcanzara la cantidad de votos suficientes para ganar en primera vuelta.