Turquía prosiguió ayer con las purgas desatadas tras el golpe de Estado fallido contra el presidente Recep Tayyip Erdogan y extendió los poderes de la policía y anunció el cierre de más de 1.000 escuelas privadas, según informó El Nacional.

Una semana después de que un grupo de militares intentó tomar el poder en una operación que incluyó la movilización de soldados armados y el despliegue de tanques y aviones de combate, el gobierno de Erdogan ha detenido a miles de personas, incluyendo a 300 guardias presidenciales.

Según un decreto publicado ayer en el diario oficial, las detenciones de los sospechosos de estar implicados en el golpe de Estado frustrado podrán durar hasta 30 días.

La detención provisoria podía durar hasta ahora cuatro días. El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, había mencionado el viernes la posibilidad de ampliarla hasta siete u ocho días, o incluso más, en el marco del estado de emergencia en vigor desde el jueves.

La inquietud por el calibre de las medidas represivas anunciadas ha desatado los fantasmas de que el hombre fuerte de Turquía aproveche la situación para fortalecer su gobierno y amordazar a disidentes.

Estos temores han tensado las relaciones con los aliados de Ankara en la OTAN y proyectan una sombra en las sempiternas aspiraciones de Turquía de entrar en la UE. Después de que Bruselas lanzara críticas contra la respuesta de Ankara y advirtiera a Erdogan que si se vuelve a instaurar la pena de muerte las aspiraciones del país para entrar en la Unión Europea quedarán enterradas, el presidente turco acusó al bloque de sostener una actitud tendenciosa y prejuiciosa.

“Hace 53 años que Europa nos tiene esperando en la puerta”, declaró a la cadena France 24, en referencia al primer intento de adhesión, realizado en 1963, seguido de un pedido formal en 1987 y del inicio del proceso negociador en 2005.

“Ninguno tuvo que sufrir como nosotros en ese proceso”, declaró el presidente turco. De Gülen, a quienes calificó de terroristas clandestinos. El gobierno ha despedido a miles de profesores de escuelas estatales y académicos, que además están con arraigo nacional. El decreto publicado también anunció la disolución de 1.043 escuelas privadas y de 1.229 asociaciones y fundaciones.

Según un balance comunicado por Erdogan, siguen arrestados 10.410 militares, jueces y funcionarios, mientras que otras 4.060 personas permanecen en prisión preventiva. Turquía también canceló los pasaportes de 10.000 personas “debido a los riesgos de que pudieran darse a la fuga”.