Se llevaron equipos del circuito cerrado de seguridad, CPU y un sinfín de carpetas. Los dueños del negocio, en La Casona I, son los mismos del concesionario La Venezolana
Equipos del circuito cerrado de seguridad, CPU y un sinfín de carpetas incautó una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que este lunes violentó las cerraduras del restaurante El Padrazo, en el centro comercial La Casona, para practicar un allanamiento en el que participaron dos testigos y un empleado del establecimiento.
Según testigos, el procedimiento inició a las 4:00 pm y se extendió hasta las 8:00 pm. “Dicen que esto ocurre porque los dueños son los mismos del concesionario La Venezolana y necesitan saber las implicaciones de dichos negocios y la procedencia del dinero allí invertido”, asegura un vigilante del centro comercial.
Mientras que varios trabajadores indican que “un funcionario ligado a Mercosur, que contaba con más de 50 escoltas, frecuentaba el restaurante para reunirse con los propietarios. Él mismo estuvo presente en la fiesta aniversario de La Venezolana, en la que también estuvo un militar de alto rango ligado al Gobierno”.
Sobre los dueños, dicen que Jhon Quiroz, quien recientemente compró un apartamento en San Antonio de los Altos, “hace poco más de un año venía a Casa Nossa a vender pan de jamón y ahora figura como un alto empresario; mientras que Ramón Briceño Hedderich, habitaba en la casa más humilde detrás de La Casona y ahora la transformó en toda una mansión lujosa”. Quiroz y Briceño también eran los dueños de la dulcería Pink Cake Lui’s, que funcionaba en un pequeño espacio en La Casona, pero era ampliamente conocida por los domingos de taebo, aeróbic y bailoterapia que organizaban frente al centro comercial.
Agregan que un empleado de menor rango ligado a la gerencia de El Padrazo tiene varias noches sacando todo tipo de mobiliario, como licores y demás mercancía en un camión. “Era tal el manejo de dinero allí, que en una oportunidad llegaron dos camiones cargados de whisky, que compraron a Makro; y otro más proveniente de Prolicor, en San Antonio”. Como se recordará, el jueves 29 de marzo, 12 días después que se anunció la intervención del concesionario, se conoció que el Ministerio Público congeló las cuentas de La Venezolana y la de sus dueños, con el objeto de resarcir los daños patrimoniales a los presuntos estafados.
Trabajadores en el limbo
Rafael Pereira, quien laboraba como capitán de barra, expresó que ni Eduardo ni Jonathan Pereira, encargado y gerente del restaurante, respectivamente, les han dado la cara durante los 22 días que lleva cerrado el local. “Solo nos dicen que tenemos que esperar, pero somos 80 padres de familia que necesitamos llevar el sustento a nuestras casas. Lo que pedimos es que definan cuál es nuestra situación y cuándo y quién nos pagará nuestras liquidaciones”. Sobre Jonathan Pereira añade que es familiar de Briceño, pero desconocen cuál es su paradero; en tanto que a Eduardo sí lo han podido contactar vía telefónica.
Asegura que se mantendrán en las puertas del establecimiento hasta recibir alguna respuesta. Aunque hasta ahora no tienen permiso para pernoctar en el lugar, indica que los encargados del centro comercial están tramitando dicho requerimiento. Informa que en horas de la tarde sostendrán una reunión con el concejal carrizaleño Luis Aponte, quien se interesó por su situación y se comprometió a ayudarlos./Amy Torres /Foto: Andreína Alemán
