Señalan que la última la firmaron en 2017

RONALD PEÑARANDA

Actualmente un docente, de la categoría seis, que tiene 53 horas, que trabaja doble jornada, gana $80 quincenales, es decir $160 mensuales, mientras que el profesional que posee menos horas y labora medio turno devenga $30 quincenales.

La explicación la dio René Zapata, directivo de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en los Altos Mirandinos, quien  declaró al Diario Avance, que a pesar de que el último ajuste salarial pegó un brinco, ya que muchos de cobrar entre $6 y $7 quincenales pasaron a obtener un ingreso de $30, “estos montos aún resultan insuficiente para cubrir la cesta básica”.

“Los gremios de educación estamos solicitando un sueldo equivalente a los $500 mensuales. Esa es la propuesta que está sobre la mesa”.

En cuanto al anuncio que viene haciendo el Gobierno nacional relacionado con las discusiones de las nuevas contrataciones colectivas, manifestó que recientemente consignaron ante la Inspectoría del Trabajo de Los Teques, un documento que contienen varias peticiones sobre esa materia. “Estamos preparados para firmar”.

Aseveró que a nivel del estado Miranda la última convención que se acordó fue a finales de 2017 durante la gestión de Henrique Capriles Radonski.

Añadió que durante los cuatro años del primer mandato de Héctor Rodríguez y estos primeros meses de su segundo periodo han intentado firmar una nueva contratación, “pero las respuestas que nos dan es que deben tener la autorización del Ejecutivo nacional lo que nos parece una falta de respeto porque nuestro patrono es el gobernador”.

Recalcó que durante todo este tiempo el personal adscrito al gobierno regional ha estado sin HCM y otras reivindicaciones laborales que están contempladas en la contratación colectiva.

Al ser consultado sobre el bono compensatorio de $10 mil para los jubilados anunciado el 1º de mayo por el presidente de la República Nicolás Maduro respondió: “No podemos objetar este beneficio, pero considero que es excluyente porque solo se lo pagarán a los que salieron a partir de 2018, ¿y qué pasa con el que salió antes de ese año con arreglos paupérrimos”.

También ve como una limitante que hagan ir al jubilado a la oficina de Recursos Humanos en el organismo donde trabajó, “entonces ¿qué va a pasar con los que están fuera del país?, ¿será que no le van a pagar?. Tampoco veo bien que lo cancelen de manera fraccionada”.