El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue sentenciado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia. Se trata del primer fallo dentro de los múltiples procesos abiertos en su contra, derivados de la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. Entre los casos pendientes figura uno por insurrección, que podría acarrearle incluso la pena de muerte.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl lo declaró culpable de impedir su arresto y destruir pruebas, subrayando la gravedad de los delitos y la ausencia de arrepentimiento. Además, se determinó que Yoon vulneró el derecho de deliberación de varios ministros al convocar únicamente a quienes eran leales a su causa en una reunión breve antes de decretar la ley marcial.

La corte también lo responsabilizó de falsificar un documento oficial al proclamar un estado de emergencia y de haber militarizado el Servicio de Seguridad Presidencial para frenar su detención en enero de 2025. No obstante, fue absuelto del cargo relacionado con la supuesta difusión de información falsa a medios extranjeros.

Yoon justificó la ley marcial como una medida para proteger al país de “fuerzas antiestatales”, pero el Parlamento la anuló pocas horas después, en medio de protestas masivas. Finalmente, el exmandatario fue destituido en abril de 2025 y se convocaron elecciones presidenciales en junio de ese mismo año.