El pasado 22 de febrero, por orden de un tribunal de Los Teques se practicó el desalojo de una familia de una casa, ubicada en la calle Páez, del sector El Trigo, en la capital mirandina.
“En un juicio intentado por el abogado Alfonso Pérez, representante de la arrendadora, se evidenció un fraude procesal simulando una acción reivindicatoria cuando en realidad se realizó una desocupación arbitraria”, dijo Irvin Rada, quien junto a sus parientes habita el inmueble en calidad de inquilino desde hace 17 años.
Manifestó que en el procedimiento habrían violado “el decreto 4475 dictado por el Presidente de la República Nicolás Maduro que prohíbe los desalojos forzosos, así como también la Constitución”.
Apuntó que ante el supuesto atropello acudieron a instancias como la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), la Asamblea Nacional (AN), la Gobernación de Miranda y la Defensoría del Pueblo.
Ante esta circunstancia, el 11 de marzo por intervención de representantes de las citadas instituciones dejaron sin efecto la medida. “Restituidos los derechos de los inquilinos que fueron desalojados de forma arbitraria en el sector El Trigo, Los Teques. Trabajo articulado entre Sunavi, Secretaría de Derecho a la Ciudad de la Gobernación, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y el diputado de la AN Yahir Muñoz”, escribió en su cuenta de Twitter Danelly Colmenares, coordinadora de Sunavi./RP
