Las sanciones a los infractores incluyen cárcel, expropiación, ocupaciones temporales y multas de hasta 50.000 UT
Hoy 10 de febrero vence el plazo para que empresarios y comerciantes del país se ajusten a Ley Orgánica de Precios Justos, que establece ganancias máximas de 30% para garantizar precios bajos.
La Ley fue aprobada vía habilitante por el presidente Nicolás Maduro para hacer frente a la “guerra económica” que ha denunciado en repetidas oportunidades.
«A partir del lunes (hoy) al lugar al que lleguemos y esté acaparando o especulando se va a aplicar la ley. Nadie tendrá excusas porque (la ley) ya tiene tres semanas de publicada», sentenció Maduro el viernes, recordando que el estatuto fue dado a conocer el 23 de enero.
El 4 de febrero el Presidente aseveró que tomará “las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entre entonces a esas unidades a producir, a trabajar», expresó.
Sanciones
La Ley establece sanciones para 30 ilícitos entre sustantivos y genéricos, entre las que destaca la pena de prisión entre 2 y 14 años, de acuerdo al delito cometido. La más graves, como el de contrabando de extracción, el boicot y la desestabilización económica será de 14 años.
Las infracciones serán multadas con entre 200 y 50.000 Unidades Tributarias, suspensión temporal en el registro de personas que desarrollan actividades económicas y con la ocupación temporal o intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes por un lapso de hasta 180 días.
Fedecámaras: Esta Ley empeorará la situación económica
El vicepresidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, reiteró que la Ley Orgánica de Precio Justos «empeorará la situación» económica del país.
«Se están confiscando los derechos del sector privado», afirmó.
Asimismo, agregó que se desconoce cómo la superintendencia controlará la estructura de costos de toda la cadena productiva del país, «consideramos que eso va a ser prácticamente imposible».
Martínez se mostró poco optimista con respecto a las inversiones futuras. «No creo que vengan mayores inversiones internacionales o nacionales», concluyó.
De esta forma, Carolina Soteldo, experta en materia económica y tributaria, opinó que la legislación es de «difícil aplicación» y que provocará una reducción de la capacidad de producción.
Soteldo expresó que el margen de 30% se reduciría cuando se expresa en ganancias, depende del «volumen de la empresa», la zona geográfica y otras aristas.