Tres hombres podrían enfrentar cargos por homicidio frustrado, tras el tiroteo registrado durante una guarimba el 27 de marzo. Luego de efectuar 10 allanamientos, los funcionarios policiales se llevaron a 5 aprehendidos y la misma cantidad de testigos 

Amy Torres. Marcos Ramírez (padre), Marcos Javier Ramírez (hijo) y Astolfo Izquiel serán imputados hoy ante los Tribunales de Los Teques presuntamente, y según una fuente ligada al cuerpo detectivesco, por los delitos de homicidio en grado de frustración y alteración del orden público durante la última protesta que se llevó a cabo en Montañalta el 27 de marzo y en la que resultaron heridos un funcionario del Cicpc y un GNB.

Héctor Medina, representante de los Derechos Humanos del Movimiento Estudiantil Francisco de Miranda y quien presentó asistencia a los detenidos, reveló que el procedimiento legal estuvo plagado de vicios, dado que aunque se trataba de 10 órdenes de allanamientos, los efectivos se llevaron a todos los miembros de las familias de los vecinos investigados.

El testimonio de varios vecinos de los edificios verdes de la urbanización Montañalta revela que a las 4:00 am amaneció de golpe para muchas familias, quienes vivieron horas de angustia debido a la gran cantidad de funcionarios tanto de la policía científica como de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que acudieron a fin de practicar varios allanamientos acompañados por el fiscal superior de Miranda y el fiscal Primero.

Según se conoció, se trató de 10 órdenes de allanamientos dirigidas a igual número de vecinos; cinco irían en calidad de detenidos y cinco más de testigos. Marcos Ramírez (padre), Marcos Javier Ramírez (hijo), Naymar Ramírez Zambrano, Ana Gabriela Ramírez, María Antonieta Cacique Silva, Juan José Pérez Hernández, Julio Jordán, Marlene García, Yusmira Castillo, Carolina Roa, Mónica Roa, Bryan y David Arrechedera y Astolfo Izquiel fueron algunos de los trasladados a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimalísticas (Cicpc) de El Paso.

Alicia Guillén, abogada y profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA), quien también habita en el urbanismo, refirió que desde las 4:30 am empezó a recibir llamadas de vecinos que le pidieron ser asistidos durante las inspecciones que realizarían las autoridades.

“Hay que decir que no se cumplió el protocolo, sobre todo en el caso de aquellos que fueron llevados como testigos, pues no solo se les allanó su vivienda y se les decomisó sus teléfonos, sino que en algunos casos se los llevaron con todo su grupo familiar. Tal como ocurrió con Marlene García, a quien trasladaron junto a sus dos hijos y su esposo al Cicpc”.

Explicó que pese a que se identificó como abogado de esta República, no obtuvo mayor colaboración por parte de quienes llevaban a cabo los allanamientos. “Lo ocurrido aquí es muy similar a lo que vivió la periodista Mildred Manrique, que fue sacada de su residencia por efectivos policiales tras practicar un allanamiento, a fin de ser interrogada en calidad de testigo”.

La profesional del Derecho contó que uno de los efectivos le preguntó por “Kike” y por otro sujeto conocido como “Oso Panda”; a lo que contestó que desconocía quiénes eran. También dijo que le informaron que los delitos que se le imputaban a los 5 detenidos eran homicidio en grado de frustración y alteración del orden público, mientras que detalló que los allanamientos se produjeron en las torres 2, 3, 4, 5 y 6.

“No creo en la justicia venezolana”

Astrid Izquiel, hermana de Astolfo, visiblemente consternada manifestó que su hermano era estudiante de la Escuela de Aviación y que a su residencia se presentaron cinco funcionarios (dos femeninas y tres hombres) y dos testigos. “Uno de los policías estaba muy agresivo. Ellos mostraron una foto con la que buscaban incriminar a Astolfo como guarimbero, pero resulta que ese día (27 de marzo) él salió junto a mi papá a comprar queso para Zaraza”.

“Se llevaron una cámara Nikon, su teléfono, un boquitoqui y un flower (o rifle) de deportes, del cual tiene su factura. Aquí, en Venezuela no hay justicia. No se justifica cómo vienen por gente inocente, cuando los delincuentes hacen de las suyas en las calles. Las leyes se cumplen solo para ellos y no para el ciudadano común”.

MUD Carrizal: “Hay más señalamientos políticos que jurídicos en estos  allanamientos”

Clara Mirabal, diputada al Consejo Legislativo de Miranda, ofreció una rueda de prensa junto a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática de Carrizal, en la que manifestó su preocupación por las acciones judiciales desarrolladas en Montañalta y “aparentemente en Colinas de Carrizal”, al tiempo que enviaba una alerta con el fin de que prevaleciera el respeto de los derechos humanos de los detenidos y del debido proceso.

“Vemos que hayan señalamientos más políticos que jurídicos en dichos procedimientos. Aunque hemos condenado la violencia porque no estamos de acuerdo con aquellos factores y grupos que han tratado de implementar en dos o tres oportunidades estas acciones en el municipio, reiteramos nuestra defensa del artículo 68 de la Constitución, que establece el libre derecho a la protesta pacífica”.

Puntualizó que, de acuerdo a información extraoficial aportada por vecinos, en las residencias incautaron un radio de la Red Telemática de Seguridad de Carrizal, un uniforme de un funcionario que se alistaría en las filas de Polisalias y un flower.

Recalcó que “no queremos entorpecer el proceso judicial, pero no dejó de mencionar su inquietud en torno a que “varios de los detenidos tienen años de carrera administrativa en la Alcaldía de Carrizal, por lo que hacemos una alerta porque este tipo de acciones no sean parte de una persecución política en el municipio. También abogamos porque lo suscitado en Carrizal no se extienda a otros municipios del país”.

“En la jurisdicción, de manera atípica desde el 5 de marzo, se han presentado tres situaciones relativamente contraladas en las que se han utilizado todos los recursos humanos, materiales, policiales y de servicios públicos necesarios para hacer cumplir la sentencia del TSJ y tratar de impedir el cierre de vías. No quisiéramos pensar desde esta coyuntura que eso se está prestando para un tema de persecución”.

Al ser consultada si conoce de algún denunciante que haya hecho señalamientos contra estas personas, dijo que “desde hace varios meses, y de forma reiterada, candidatos del proceso electoral pasado vienen asegurando a través de fotos y grabaciones a trabajadores de la Alcaldía son líderes vecinales y miembros de los consejos comunales. No entendemos por qué hay acusaciones de forma directa contra ellos”.

“Quisiéramos que aquí imperara la justicia por sobre todas las cosas. Nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. Desde aquí nuestra solidaridad con aquellos a los que se les quiere imputar cargos, así como concejales y suplentes no solo de este municipio sino de otros que viven en la zona y a los que se les está vinculando con hechos violentos”.

PSUV Carrizal: El procedimiento estuvo ajustado a derecho

 “Carrizal sufrió por tres semanas consecutivas los embates de la violencia. Por ello los apartamentos en los que había indicios de que habían participantes en las guarimbas fueron allanados. Dicho procedimiento estuvo ajustado al Estado de derecho”, sostuvo Gerardo Cordobés, coordinador de Organización del PSUV en la localidad. Declaró que varios integrantes de la junta de condominio de los edificios de la urbanización Montañalta están contentos y aplauden la actuación policial porque no se violó el debido procedimiento y consideran que al fin se hizo justicia.

Cuando se le preguntó sobre los señalamientos que hicieron varios de los residentes acerca de que quienes participaban en dichos actos eran infiltrados, señaló que “de ninguna forma se puede pensar que personas foráneas llegarán a una comunidad ajena a la suya para hacer y deshacer. quienes bloquearon las vías eran vecinos de Montañalta y de Colinas de Carrizal. No es viable que sean infiltrados. Es prácticamente imposible que obstaculicen una urbanización y no sean de allí”. Finalizó diciendo que “así como Hugo Chávez asumió su responsabilidad en los hechos del 4 de Febrero, lo mismo deberían hacer quienes han participado de esta guarimbas”./