La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos, Andreina Tarazón, informó que a partir del 1 de febrero iniciarán operativos de inspección en venta de alimentos y artículos de higiene.Junto a la Intendente de Costos, Cálculos y Ganancias, Karlín Granadillo, y el Intendente de Protección de los Derechos Socio-Económicos, Luis Motta Domínguez, dio inicio al primer taller para fiscales sobre la Ley de Costos y Precios Justos, la cual establece severas sanciones para delitos que constituyan el foco de la “guerra económica: especulación, acaparamiento, boicot y usura».
“Este nuevo instrumento jurídico viene con un ímpetu revolucionario para sancionar severamente ilícitos económicos”, con penas que contemplan los 14 años de cárcel.
Asimismo, explicó que los sectores económicos del país deben ponerse a la orden del estado para que sean sometidos a un proceso de fiscalización y así descartar que alguno de ellos incurra en los delitos estipulados en la nueva Ley de Costos y Precios Justos.
Motta Domínguez detalló que se están formando 8.000 funcionarios. “Además, si el ciudadano se dirige a una tienda y ve que no están cumpliendo con la regulación, también puede realizar la fiscalización, solo debe dirigirse al cuerpo de inspectores”.