La Fiscalía brasileña presentó ayer cargos por corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, en una investigación sobre la propiedad de un apartamento en la playa que los fiscales le atribuyen y que el ex gobernante niega poseer.
Se trata de la primera imputación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en la petrolera estatal Petrobras, así lo reseñó El Nacional.
La acusación se extiende al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, informaron los fiscales responsables por el caso en una rueda de prensa en la ciudad de Curitiba, en donde están centradas las investigaciones sobre el gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.
Los tres cargos presentados contra Lula y su esposa son corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales, según la acusación.
Igualmente fueron presentados cargos contra Leo Pinheiro y Paulo Gordilho, el ex presidente y un ingeniero de la constructora OAS, una de las empresas ya condenadas por haber participado en la red que desvió millonarios recursos públicos de contratos con la petrolera estatal.
De acuerdo con la acusación, la OAS gastó 1,1 millones de reales (unos 333.000 dólares) en reformar y amueblar un apartamento en Guarujá que sería para uso de la familia Lula, pese a que su nombre no aparece en los papeles de propiedad.
Los fiscales también acusaron a la OAS de haber pagado 1,3 millones de reales (unos 393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011 y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.
De acuerdo con Fiscalía, sumados los gastos con el alquiler del depósito y las reformas del apartamento de playa, Lula recibió cerca de 2,4 millones de reales (unos 727.272 dólares) en ventajas indebidas de la OAS.
La investigación se refiere a un apartamento de tres pisos en Guarujá, un balneario en el litoral del estado de Sao Paulo, por el que Lula pagó una cuota inicial.
Los abogados de Lula alegan que el expresidente desistió del negocio y pidió que le devolvieran el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad del inmueble.
El apartamento, sin embargo, fue sometido a costosas reformas pagadas por la OAS y amueblado por la constructora según las orientaciones hechas por la familia Lula, de acuerdo con la Fiscalía.
Además de los testimonios de Pinheiro y Gordilho, los fiscales dicen tener como pruebas fotografías que muestran a Lula y a su esposa visitando la vivienda en compañía del ingeniero responsable por las obras.
