El relator especial de la ONU, Morris Tidball-Binz, presentó un informe en el que condena la operación militar estadounidense del 3 de enero contra Caracas y otros estados venezolanos. Según el documento, el uso de “fuerza letal” y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores constituyen una violación grave del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Tidball-Binz subrayó que “el uso no provocado de la fuerza armada en el territorio soberano de otro Estado constituye una violación del artículo 2(4) de la Carta de la ONU” y que las muertes derivadas de la operación son “arbitrarias por definición”. Añadió además que “el derecho a la vida es inderogable e innegociable”, advirtiendo contra la normalización de un enfoque de “disparar a matar”.

El informe también señala que los bombardeos dejaron más de un centenar de víctimas, incluidos 32 ciudadanos cubanos que formaban parte del esquema de seguridad presidencial. Para la ONU, estas muertes deben considerarse ejecuciones extrajudiciales y requieren investigación y rendición de cuentas.

Si bien el Gobierno venezolano celebró el pronunciamiento como respaldo a su denuncia de agresión, el eje del informe se centra en la exigencia de que los Estados respeten los principios básicos de la Carta de la ONU y garanticen la protección de la vida humana en cualquier circunstancia.