Esta semana se denunciaron amenazas de muerte a más de 91 defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto
El gobierno colombiano retirará antes de finales de año el 15% de los esquemas de seguridad que otorga a personas amenazadas, debido al déficit millonario que arrastran por el aumento de peticiones de protección y escándalos de corrupción.
“La situación es muy delicada porque afecta a esquemas que ya están funcionando. Nos faltan 70.000 millones de pesos colombianos (unos $35 millones) para mantenerlos hasta final de año”, reconoció el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar. Por este motivo, anunció que presentarán al Ministerio de Interior una lista preliminar con 150 personas cuyos esquemas “pueden ser retirados a corto plazo”.
La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen 40% del total, seguidos por las guerrillas de las FARC y el ELN (30%) y amenazas de políticos locales (15%), entre otros.
Aproximadamente 4.000 de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1,800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un coche blindado y dos escoltas.
La orden de recortar llegó directamente del presidente, Juan Manuel Santos, aseguró Villamizar, y afectaría principalmente a “ex funcionarios que ya no ejercen un cargo público que les genere riesgo y que además viven en lugares tranquilos como Bogotá”.
La UNP calcula que el coste de un esquema de seguridad puede llegar hasta 250 millones de pesos colombianos (unos $125.250) al año, y que su presupuesto para el 2014, cifrado en 380,000 millones de pesos colombianos (unos $190 millones), se les ha quedado corto.
El último gran ejemplo de que las amenazas se incrementan pese al proceso de paz que el gobierno y las FARC desarrollan desde noviembre del 2012 en La Habana se produjo esta semana, cuando diversas ONG denunciaron amenazas de muerte a más de 91 defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto.
