El juicio de destitución de la presidente brasileña, Dilma Rousseff, quedó desde el jueves a solo dos pasos de concluir, luego de la aprobación de un informe que pide avanzar en el proceso que puede despojarla de su mandato a fines de este mes.

El informe que acusa a la jefe del Estado brasileño de haber atentado contra la Constitución fue aprobado por 14 votos a favor y 5 en contra, en la última sesión de una comisión de senadores que fue responsable de la instrucción de un proceso que ahora pasará al pleno del Senado, que tendrá la última palabra.

Raimundo Lira, presidente de la comisión, se abstuvo de votar, pese a que manifestó su opinión favorable al informe del instructor Antonio Anastasia, quien consideró a Rousseff culpable de diversos delitos relacionados con la gestión de los presupuestos.

La votación supuso también la conclusión de los trabajos de ese colegiado, que durante casi tres meses escuchó a 39 testigos de la defensa y apenas a 4 de la parte acusadora y cuyo informe final será remitido al pleno del Senado, que se reunirá para una primera votación el próximo martes.

Si el informe aprobado por la comisión fuera respaldado por una mayoría simple de 41 votos entre los 81 posibles, el pleno del Senado será convocado para una última y definitiva sesión por Ricardo Lewandoski, presidente de la Corte Suprema.

Esa última sesión deberá realizarse a fines de este mes, según los plazos legales del proceso, y se calcula que podría durar entre tres y cinco días, debido a que habrá espacio para debates y para la presentación de testigos de la acusación y la parte acusadora. En esa definitiva instancia Rousseff será despojada del cargo en caso de que así lo decida una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios de la Cámara Alta.

La mandataria está suspendida de sus funciones como presidente desde el pasado 12 de mayo, cuando se instauró el juicio político en el que se la acusa de irregularidades en el manejo de los presupuestos, la contratación de créditos para el gobierno con la banca pública y la emisión de decretos que alteraron los gastos sin autorización del Congreso.

Desde esa fecha, su cargo lo ocupa en forma interina su hasta entonces vicepresidente Michel Temer, a quien la mandataria acusa de haber orquestado un golpe y que completará el mandato que vence el 1° de enero de 2019 en caso de su destitución.