Con base en ese entendimiento, el ministro del STF, Alexandre de Moraes, autorizó a la Policía Federal (PF) a realizar una investigación «para determinar la autoría y relevancia de posibles delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y policías militares en relación con ataques a la democracia».
El juez también afirmó que la Corte Suprema podría procesar a los militares involucrados en la invasión y saqueo de la Asamblea Nacional, el STF y el Palacio Planalto, sede del poder ejecutivo. Exigiendo la intervención militar y protestando por la ascensión al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, partidarios radicales del derrotado presidente Jair Bolsonaro irrumpieron ese día y saquearon las tres sedes de la central eléctrica en Brasil.
PF llamó la atención sobre la participación y la inacción del personal militar en la comisión de crímenes contra un estado constitucional y democrático. Según el señor de Moraes, la competencia para juzgar al personal militar no es competencia del Tribunal Militar, porque el delito no está tipificado en el Código Penal Militar.