Aseguran que el derecho a la protesta no puede prohibirse, pero se oponen a las “guarimbas” 

Gustavo Bastardo. Como una situación que se le salió de las manos al Gobierno nacional y que viola los Derechos Humanos de los ciudadanos, calificaron los vecinos de la urbanización OPS, en San Antonio, a la brutal arremetida de la que han sido víctimas durante los últimos días, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional (PNB).

Carmen Dos Santos, vecina de la torre 3, denunció que durante los días en que los jóvenes fueron reprimidos por los funcionarios castrenses, debieron socorrer a al menos cuatro abuelos y dos niños de su edificio, que tenían síntomas de asfixia, producto de la inhalación de los gases lacrimógenos. “Uno de ellos vivía en el piso 10 y, aún así resultó afectado. Lamentablemente estos sujetos no se miden. Lanzaron bombas directamente hacia las residencias, sin importarles nada”.

Noelbis Jaimes, residente y fisioterapeuta, señaló que la gota que derramó el vaso fue ver cómo funcionarios de la GNB ingresaron sin ningún tipo de autorización u orden a la urbanización, con la excusa de que entregarían una cédula perdida a un manifestante. “Uno prácticamente se siente violado e indefenso porque ni siquiera se respeta la propiedad privada”.

Señaló que a pesar de que está consciente de que debemos “salir de este régimen” y darle un nuevo rumbo a nuestro país, las llamadas guarimbas afectan principalmente a los propios vecinos de San Antonio y, no tiene ninguna repercusión sobre el Gobierno nacional.

“Yo estoy a favor de la protesta, pero no de la violencia. Si se quiere actuar de una forma más contundente y que verdaderamente ocasione inestabilidad en el Gobierno, las protestas deben tomar el centro de Caracas. Acá en Los Salias solo metemos en problemas al alcalde Josy Fernández, quien además está con nosotros”, explicó.

Por su parte, Rodrigo Escobar, comerciante, aseguró que deben crearse nuevos mecanismos de protesta que ocasione menos malestar en la colectividad y que no origine enfrentamientos entre vecinos de la misma tendencia política. Sostuvo que las jornadas de protesta deben continuar y, que el Gobierno nacional está en la obligación de resguardar a los manifestantes en vez de reprimirlos.