Los concejales del Gran Polo Patriótico de Guaicaipuro aprobaron un acuerdo en el cual exhortan al alcalde Francisco Garcés a aplicar de manera “contundente” y ajustada a la realidad municipal el Decreto de Excepción y Emergencia Económica para cumplir con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro.

Así lo señaló la vicepresidenta de la Cámara, María Lorca, quien indicó que además propusieron crear una comisión integrada por el mandatario local, los ediles y la FANB.

De igual manera, conformar la Sala Situacional Popular Militar (SSPM) en las distintas parroquias y en la que sean incorporados miembros de los CLAP, consejos comunales, comunas y demás organizaciones sociales, “para la lucha frontal contra el bachaqueo y la especulación”.

Agregó que esta instancia tendría la tarea de organizar la venta de comida programada y planificada, “en punto y círculo en todos los comercios de la jurisdicción, tanto de la red pública como privada”.

La iniciativa incluye un censo sistematizado en cada sector, fiscalizado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) asignando fecha y hora para la atención.

“Es importante que el poder popular tenga acceso a la información diaria de todos los despachos desde Sunagro, distribuidoras, comercializadoras, abastos y bodegas”.

Intervención de locales

De acuerdo con el artículo 4 del citado acuerdo, la SSPM y los cuerpos de seguridad activarían un plan de intervención en quioscos, tarantines, aceras u otros sitios de reventa de rubros de sensibilidad y necesidad como alimentos, medicinas, artículos de higiene y de uso personal, entre otros.

En estos casos, actuarían apegados a los artículos 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece el decomiso de la mercancía objeto de especulación y sobreprecio. Aquí procedería la venta supervisada o programada casa por casa.

La edil psuvista comentó que plantean gestionar ante la Mesa Municipal Agroalimentaria la eliminación del condicionamiento de las ventas en todos los establecimientos, “porque eso vulnera los artículos 117 de la Constitución y 56 de la LOPJ, en cuanto al derecho de las personas a elegir libremente en la disposición de bienes y servicios”.

Harían un especial énfasis en las panaderías. En tal sentido, sugieren que los distribuidores de harina despachen a las pequeñas y medianas fábricas que elaboran pasteles, tortas, galletas y afines./ac

Ronald Peñaranda /