La justicia abrió una investigación sobre la supuesta existencia de una célula de escuchas ilegales en el Ejército
Escándalos de espionaje y ataques cibernéticos, que amenazan el proceso y evidencian la vulnerabilidad de las comunicaciones. Desde hace meses, invitados sorpresa se sientan a la mesa de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El último de esos episodios fue revelado el sábado por el representante del presidente, Juan Manuel Santos, en los diálogos con las FARC, el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien denunció la interceptación ilegal de su correo electrónico, así como intentos de acceder a su teléfono móvil. Este caso, confirmado por autoridades policiales que informaron haber detectado «un software intruso» en los equipos electrónicos del jefe negociador del gobierno, ha encendido alarmas sobre los riesgos para los diálogos que avanzan desde noviembre de 2012 en Cuba.
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, sugirió esta semana que «estarían vinculados miembros de la inteligencia de la Fuerza Pública colombiana y personas enemigas del proceso de paz», y anunció que se pedirán órdenes de captura por «violación ilícita de comunicaciones y espionaje».
