Extranjeros infractores se exponen a ser deportadosEl 1º de noviembre arranca la supervisión en Miranda

Con la entrada en vigencia este 24 de octubre del decreto que prohíbe a los comerciantes informales vender artículos de la cesta básica y medicinas dado a conocer por el superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, se ha generado gran expectativa en la población en cuanto a la efectividad de la medida.

En la entidad, de acuerdo con el general de División Regulo Argotte, quien está al mando de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Miranda, la fiscalización comenzará formalmente el 1º de noviembre, debido a que le darán un lapso de adecuación a la normativa a estos trabajadores.

“Hemos dividido el proceso en tres fases; la primera consiste en la concientización y supervisión de los puestos informales, con el fin de hacerles entender que está terminantemente prohibido vender, por ejemplo, un empaque de harina Pan en Bs. 60, al igual que medicamentos, alimentos, cementos, cabilla, entre otros”.

Señaló que en Los Teques han sostenido varios encuentros con estos comerciantes para conversar acerca de este tema y aclarar las dudas que tengan en cuanto al decreto presidencial.

Asimismo, refirió que después de las charlas y de la supervisión de la actividad comercial de los buhoneros, la segunda etapa prevé la venta supervisada de los productos a precio regulado; y la tercera, la retención de la mercancía y del vendedor en caso de que sea reincidente.

Infractores serán tratados como narcotraficantes

El general de División también precisó que a los infractores de esta normativa se les tratará como lo establece la legislación venezolana en cuanto al delito de narcotráfico; es decir, que deberán pagar entre 2 y 4 años de cárcel.

Sobre los extranjeros, dijo que si son personas naturalizadas se le va a revertir la nacionalidad y serán deportados a sus países de origen, razón por la cual insistió en el mensaje a estos trabajadores de ponerse a derecho.

En este punto Andrés Eloy Méndez fue enfático al asegurar que se actuará con toda la severidad que sea necesaria. “La violación de la ley, del ordenamiento jurídico, es causal para perder la nacionalidad o los permisos de residencia que hayan sido emitidos por la República”.

Exhorto a tener conciencia

El comandante de la ZODI Miranda no perdió la oportunidad de recordar a los vendedores informales que no se les está quitando su derecho al trabajo o de sustento.

“Les pedimos que tengan presente que hay muchas vías de obtener ingresos económicos, como la venta de artesanía, ropa, entre otros productos, y no la de comercializar artículos de primera necesidad, que desde ya está prohibido”.

Igualmente, mencionó que desde el 1º de noviembre arrancarán con la venta controlada de los productos, por lo que pidió a los buhoneros estar atentos y a ponerse a derecho.

Al ser consultado sobre qué organismos participan en la fiscalización que se desarrolla en la entidad, puntualizó que lo hacen la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), Ministerio de Alimentación, Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) con acompañamiento de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Quizás por la entrada en vigencia del decreto este viernes, en las afueras del mercado a cielo abierto de la Francisco de Miranda se observaron pocos comerciantes informales; de los cuales ninguno ofrecía artículos regulados.

Detractores y partidarios

Tras el mensaje enviado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de mano dura contra los vendedores informales que ofrecen productos de la cesta básica y medicinas a precios exorbitantes, algunos aplauden la medida, mientras otros la miran con recelo.

Jocyl Kency, comerciante informal: “No apoyo la medida ni tampoco estoy en desacuerdo. Es complejo, pero es así. Digo que no es buena porque hay muchas personas que trabajan todo el día y no pueden estar haciendo una cola por una harina de maíz o una leche, por lo que ven en el buhonero la oportunidad de comprarlo. Sin embargo, me parece excelente ya que algunos de aprovechan de esa situación y tienen ganancias que superan los Bs. 20 o 30 por producto, lo que me parece una locura”.

Lidis Pirela, vendedora: “Soy chavista y no apoyo ese decreto porque de algo debemos vivir; o ¿qué quieren?, ¿que salgamos a robar? Aquí estamos sobreviviendo con esta situación económica, y esa prohibición podría generar más malandreo”.

Mayerling Ruiz, buhonero: “Sí y no, porque es una ayuda para quienes trabajan todo el día y no consigue los artículos; pero sé que lamentablemente muchos se aprovechan de la escasez y eso no está bien”.

Por: AMY TORRES T./rrdiarioavanceconsumo@gmail.com/Foto: Gioersy Mendoza