La directiva de la Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales (Capmi-Miranda) reaccionó ante la sanción aplicada al estacionamiento Toco por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guaicaipuro (Satguaica).

El presidente del gremio Bernardo Calvo, informó a Avance que el 7 de mayo, representantes del establecimiento afectado acudieron a ellos para formalizar una denuncia contra Satguaica y pedir asesoría para enfrentar la situación.

Dijo que el negocio que está afiliado a Capmi expuso que el procedimiento “está plagado de presuntas irregularidades”.

“Tanto la violación del debido proceso, como del derecho a la defensa, son las principales características de los procedimientos intentados en contra del comercio, cuyos miembros confundidos por el modo en que intentó operar la oficina tributaria, sospechó y solicitó ayuda”.

Dijo que Capmi al revisar el asunto, pudieron observar “la falta de cualidad de los funcionarios en la emisión de la documentación, originando la nulidad absoluta del procedimiento sancionatorio tributario, así como responsabilidades en los fiscales”.

Dijo que pudo existir una anomalía al instalar fiscales en el local para vigilar las operaciones comerciales, “acción que debía corresponder con el inicio de un procedimiento de investigación fiscal, debidamente firmado por el director de la administración tributaria municipal, quien nunca lo autorizó”.

“Posteriormente sin el debido proceso, se mencionó verbalmente, una astronómica multa que luego sería rebajada al 9 % de la previamente establecida la cual sería así disminuida bajo la condición de pagar, sin mediar prueba de la intimidatoria suma anterior”.

Seguimiento

Apuntó que finalmente “para poder ser notificado de la írrita sanción el comercio tuvo que pagar la cantidad de ocho euros, en su equivalente en bolívares, como condición para poder obtener la sanción escrita”.

“Este tipo de irregularidades han sido mencionadas muchas veces ante esta representación gremial. Esta vez Capmi- Miranda está haciendo seguimiento cercano a esta situación”. Añadió que el caso ha sido expuesto a la Defensoría del Pueblo “y esperamos que allí se substancie debidamente un expediente, buscando las responsabilidades a que hubiere lugar, ya que las ordenanzas forman parte de la desviación legal que pretende apoyar la actuación de los funcionarios”.