04/04/16.- Se desconoce gestión alguna con la que se intente solventar la falla que pondría en riesgo la vida de más de 61 mil personas con VIH en Venezuela, donde debido a la situación de desabastecimiento de medicinas, se advierte que más de 30 tipos de antirretrovirales están por terminarse.

Ante el hecho, un importante grupo de organizaciones sociales con trabajo enfocado en el VIH fijaron posición sin ánimos de generar zozobra, advirtiendo los riesgos para la salud de pacientes cuya vida depende de antirretrovirales porque viven con el virus y solo estos fármacos les permiten mantenerlo controlado.

En el país, a la fecha existe escasez de antirretrovirales como Enfuvirtide, Raltegravir y Rilpivirina. Asimismo, denuncias de ciudadanos con VIH reportan fallas con el suministro de Viraday, Reyataz y Complera.

Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, señaló que el Ministerio de Salud no realizó las compras del 90% de estas medicinas, estimadas por un monto de alrededor de 32 millones de dólares al Fondo Estratégico de Medicamentos (FEM) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“La gravedad es que si ya esta compra no se hizo con la anticipación requerida, más de 61 mil beneficiarios del programa de VIH en Venezuela no podrán disponer de su tratamiento, y eso viola la legislación vigente”.

Insistió en que una falta u omisión como esta debería ser penada porque no es justo que la vida de tantas personas penda de un hilo por negligencia. “Ni castigando a los funcionarios se repara el daño que sufrirían tantas familias venezolanas al perder a sus seres queridos”.

El propio Ministerio de Salud ha dado cifras de lo que se requiere para cumplir con la compra total de los antirretrovirales, tratamientos para infecciones oportunistas e insumos destinados para la prevención, atención y tratamientos del VIH, lo que significa que si el presupuesto no se ha desarrollado como corresponde, ha sido por ineficiencia de la gestión pública.

Rodríguez sostuvo que StopVIH estará sumado a todas las exigencias que las organizaciones en materia de salud hagan al Ejecutivo nacional porque “contra la vida no puede ir ningún funcionario, ni ideología política ni Gobierno”./dc

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