Familiares señalan que desconocen su sitio de reclusión

RONALD PEÑARANDA

Un equipo de abogados asumió la defensa de la mayoría de detenidos en las protestas del 30 de abril y el primero de mayo, hechos que ocurrieron en Los Teques luego del alzamiento militar.

“Todos los profesionales que formamos parte del grupo somos defensores de los derechos humanos y hacemos éste trabajo por sensibilidad social y no por recibir un pago, un reconocimiento o porque nos den un premio”, aclaró una de las abogadas, quien pidió que no publicáramos su nombre.

Indicó que el Ministerio Público a cada uno de los arrestados les está imputado hasta seis delitos. “Eso no tiene asidero jurídico”.

Expuso el caso de un joven de 18 años recién cumplido, que venía de Carrizal donde trabaja, hacia la capital mirandina, donde reside.

“Cuando se baja del autobús, funcionarios de la Guardia Nacional lo agarran. Se lo llevan preso, luego le imputan terrorismo, agavillamento, daños contra la propiedad pública y privada, posesión de material incendiario, pero en nada de esto presentan las pruebas”.

Añadió que “lo insólito es que ninguno de los tipos penales invocados por la Fiscalía pueden ser subsumidos dentro de la norma invocada, porque para que exista el tipo penal tiene que darse todos y cada uno de los elementos de la norma. Si faltase un solo elemento en dicha norma entonces no existe el delito”

Puso como ejemplo, alguien que le disparó a otra persona pero que la víctima no murió, “entonces no se le puede imputar por homicidio sino por lesiones graves u otro delito”.

“Queremos que nos expliquen o que nos prueben cómo un muchacho que se baja de un autobús incurre en terrorismo, de qué forma obstruye la vía pública, cuando repito se está bajando del autobús. Él no estaba ni siquiera protestando, con esto se demuestra que se llevan a cualquiera para complacer a sus jefes”.

Recalcó que además demuestra “abuso de poder, la exacerbación de nuestras Fuerzas Armadas y su insistencia en perseguir a una sociedad  que está cansada de recibir el mal trato de un gobierno que se olvidó de su gente”.

“¿Dónde está realmente la atrocidad en este tipo de acutaciones?, yo misma respondo, no está en la Fiscalía, sino en el poder judicial, “porque si usted es juez debe conocer las leyes y tiene que saber que lo que está pidiendo el fiscal carece de asidero jurídico. Si en la audiencia de presentación el juez no posee los elementos de convicción debe decretar la libertad plena de esas personas. Pero esto no ocurre porque no hay autonomía de poderes”.

Expresó su preocupación por uno de los manifestantes que desde el día de su aprehensión la familia no sabe de él y ni dónde lo tienen. “Nosotros estamos chequeando los distintos establecimientos donde pudiera estar recluido y tampoco tenemos noticia. Es una situación muy delicadas y no quiero pensar que estamos frente a una desaparición forzosa”, sentenció.

Cabe destacar que la mayoría de los detenidos permanecen en el comando de la Guardia Nacional en Intevep.