El decreto del nuevo Gobierno de Bolivia «que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas» debe ser derogado inmediatamente, y la presidenta Jeanine Áñez debe detener las violaciones a los derechos humanos «o atenerse a rendir cuentas», sostuvo este lunes Amnistía Internacional (AI).
«La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo», declaró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
Añadió que «los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos».
AI señaló en un boletín que el Decreto 4078 del 14 de noviembre, que no ha sido publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros «actúen en legítima defensa o estado de necesidad».
La organización expresó su preocupación por este decreto «que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad». Unión Radio /
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