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“Alcaldías deben justificar rango máximo para cobro de impuestos”

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La nueva ley fija el tributo a la actividad económica hasta un 3%

La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, estipula que las alcaldías pueden fijar un rango un promedio legal del 1.5 % para la alícuota del impuesto a la actividad económica industrial, comercial, servicio o de índole similar, la cual no podrá ser superior a un 3 % de los ingresos brutos obtenidos.

La explicación la dio Bernado Calvo, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Miranda (Capmi Miranda), quien advirtió que los entes municipales que pretendan adherirse a la banda máxima porcentual deberán justificarlo.

Entre las bondades de este instrumento destacan las rebajas por lo menos del 30%, en el impuesto sobre actividades económicas industriales, comerciales, servicios y de índole similar, a los contribuyentes que desarrollen actividades permanentes de saneamiento, mantenimiento o mejoras en espacios del municipio, entre otros casos.

Por otro lado, exhortó a los comerciantes a no ser víctimas de hostigamiento por parte de las autoridades municipales, a través de supuestos operativos de fiscalización de documentos.

“Nadie puede hacer ningún tipo de solicitud, sin presentar una providencia administrativa, sin importar lo que diga la ordenanza municipal, porque eso lo expresa el Código Orgánico Tributario. Una investigación fiscal tiene que ser absolutamente formal y no con la presencia de una “jauría” de presuntos funcionarios a la calle, para pedir papeles a todos los comercios”.

Recordó que las carteleras informativas se crearon justamente, para que los fiscales revisen por esa vía toda la documentación legal de los establecimientos. “Pero sin una providencia administrativa, no existe fiscalización”.

Mayor coordinación

Con respeto a la elección de Adán Celis, presidente de Fedecáramas, la nueva gestión aspira una mejor comunicación con el Ejecutivo nacional, mayor coordinación de políticas públicas para la recuperación de la economía nacional, mayor participación de los gremios organizados, impulso de la nueva Ley de Armonización Tributaria y una mayor cooperación para trabajar con el Estado para la reconstrucción de Venezuela. /MD/rp.

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