En mayo de 2016, el abogado Francisco Morales Marin, fue escogido como auditor interno del Instituto de Infraestructura de Miranda (Inframir), tras haber ganado un concurso público, en el que participaron 33 profesionales.

El funcionario declaró en la redacción del diario Avance, que lo nombraron para ejercer el cargo durante cinco años, su periodo vence en 2021, pero de manera “sorpresiva” le otorgaron la jubilación sin haberla solicitado.

Dijo queque según consta en el decreto No. 2019-0084, el beneficio vía oficio se lo dieron el 23 de abril de este año.

Agregó que pese a tener 31 años de servicio, para ese fecha no había cumplido tres años en la institución, “requisito este que es indispensable de conformodidad con lo contenido en la séptima contratación colectiva suscrita entre el Ejecutivo regional y Sunep-Miranda para el personal administrativo”·

Aclaró que los tres años en el organismo se cumplieron el pasado mes de agosto y agregó que su jubilación no le impide seguir ejerciendo sus funciones como auditor “hay muchas jurisprudencias en el asunto. Es más que evidente que quieren jubilarme para sacarme del puesto”.

Subrayó que el miércoles 11 de septiembre llegó a su oficina situada en el edificio Cepam, en el kilómetro 14 de la Panamericana (San Antonio), Javier Camacho consultor jurídico de la Gobernación  y miembro de la junta directiva de Inframir anunciando su reemplazo y pidiéndole que se retirara del lugar. “Luego se dio media vuelta sin decir mas nada”.

Afirmó que el viernes funcionarios del Ejecutivo regional y efectivos policiales “violentaron las cerraduras de la puerta mi oficina”. Advirtió que acudirá a los tribunales por considerar que es irregular el procedimiento en su contra./RP