El trámite que podría llevar a un juicio político a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quedó suspendido hasta la semana próxima por una decisión judicial, pero la oposición alertó que no cederá.

El proceso contra Rousseff comenzó el martes pasado, en el pleno de la Cámara de Diputados, con la elección de los miembros de una comisión que analizará las acusaciones contra la mandataria, pero fue interrumpido por una decisión del Tribunal Supremo. La corte aceptó una demanda del Partido Comunista de Brasil contra el carácter secreto de la votación para escoger a los miembros de la comisión, con el alegato de que toda elección en la Cámara Baja debe ser abierta, y aplazó el trámite  por una semana.

El paréntesis abierto por la corte fue aprovechado por la oposición para los próximos embates, en los que desempeñará un papel clave la disidencia del Partido del Movimiento Democrático Brasileño del vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesora en caso de una destitución.

La primera acción de las facciones opositoras del PMDB fue la destitución del jefe de esa bancada en la Cámara Baja, Leonardo Picciani, un político muy cercano a Rousseff. Fue despojado del cargo en una votación sumaria en la que además se eligió para sustituirlo al diputado Leonardo Quintao, que integra una de las alas opositoras del PMDB y se ha posicionado abiertamente a favor de la salida de Rousseff. El vicepresidente garantizó que todo el proceso sobre un posible enjuiciamiento de Rousseff transcurre en la más plena “normalidad” democrática.