Suptramem asegura que el Cicpc actuó por denuncias “infundadas”

RONALD PEÑARANDA

El caso de las detenciones de Ricardo Álvarez y David Carrero, funcionarios del terminal de Los Lagos, por la supuesta venta de pasajes con sobreprecio y otras irregularidades, fue abordado en una asamblea del Sindicato Único Profesional de Trabajadores Municipales del Estado Miranda (Suptramem).

“El que tenga responsabilidad penal, jurídica y administrativas, pues que las asuma, porque no vamos a alcahuetear sinvergüenzuras, corrupción, ni actos que vayan en contra de la moral y buenas costumbres”, señaló José Ramírez, secretario general del gremio.

Sin embargo calificó de falso positivo esta situación y culpó a algunos directivos de la Alcaldía de Guaicaipuro de “montar procedimientos ilegales y amañados para perjudicar a los compañeros”.

Aseveró que el Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) actuó por “denuncias infundadas”.

Instó a la Sindicatura Municipal a adelantar los respectivos procedimientos “ajustados al marco constitucional. Se debe respetar el debido proceso y el derecho a la defensa”.

Indicó que ambos arrestados han sido víctimas de maltrato.

Por otra parte denunció que desde agosto de 2018, el ayuntamiento no transfiere a Suptramem los descuentos que le hacen al personal por concepto de cuota sindical.

“Ya han pasado ocho meses y los empleados se preguntan a dónde van a parar sus aportes. Estamos en presencia de una clara intromisión del patrono. La Alcaldía viola los acuerdos 85, 87 y 89 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad y autonomía sindical”.

En la reunión que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura además debatieron la adecuación de la convención colectiva para ajustarla al Programa de Recuperación Económica promovida por el Gobierno nacional para que beneficios como primas queden ancladas al Petro.