27/08/15 .-  El Concejo Municipal de Guaicaipuro dio ayer un espaldarazo a la Empresa de Propiedad Social (EPS) Trinchera del Sur, que administra el relleno Sanitario El Limoncito, y al mismo tiempo rechazan su intervención tal y como lo proponen algunos sectores.

La edil María Lorca, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial y Ambiente, señaló que recientemente realizan una inspección al lugar y luego levantaron un informe, en el que resumen problemas como la inseguridad y el lanzamiento de la basura en la entrada en horas nocturnas por parte de las alcaldías, sobre todo la de Carrizal.

Indicó que siempre apoyarán iniciativas que involucren al poder popular, “en este caso es una experiencia única puesta en marcha por los consejos comunales, que activan programas sociales que benefician a las comunidades

Reconoció que el daño de las maquinarias y su paralización continuada por la falta de repuestos también ha generado contratiempos, “eso está por solventarse en los próximos días”.

Añadió que el personal indica ser victima de ataques por parte de autoridades carrizaleñas, que por lo general, se retrasan con los pagos por el uso del relleno.

En cuanto a la vía de contingencia, que debe habilitarse cada vez que llueve para evitar emergencias, recalcó que ya está terminada, “solo falta echarle asfalto”.

Asimismo, sostuvo que los cambios en el otrora Ministerio del Ambiente, que en los últimos años ha sido fusionado, afecta el buen funcionamiento del espacio que fue inaugurado en el año 2011.

Desde la Cámara propusieron la instalación de mesas de trabajo con los entes involucrados para corregir las fallas que pudieran existir.

Evalúan mecanismos de seguridad

Al ser consultada sobre los hechos delictivos ocurridos en los últimos días, respondió que su combate es competencia del Estado.

“Hay una limitación de funcionarios, porque la mayoría está abocada al cierre de la frontera y la OLP; sin embargo, el alcalde Francisco Garcés está en toda la disposición de abrir todos los canales para redoblar la seguridad”.

“Ese centro de disposición final debe mantenerse como un vertedero controlado. Las tres alcaldías y los usuarios, en general, tienen que entender que es necesario respetar los protocolos de seguridad, no puede valer más una bolsa de basura que la vida de cualquier trabajador”.

Sobre la protesta que realizó el martes un grupo de obreros de la EPS, la edil afirmó: “Fue una medida de presión de parte de los trabajadores para acelerar la toma de decisiones”.

Por: Ronald Peñaranda