La Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales (Capmi) Miranda presentó este viernes ante la Asamblea Nacional una propuesta de cambios a la reforma de la Ley Eléctrica, en la que exige declarar el servicio eléctrico como Derecho Humano Fundamental y rechaza que la reconstrucción del sistema sea financiada con el aumento de las tarifas.
Entre las principales sugerencias de la organización destacan prohibir el financiamiento de la recuperación eléctrica a través de la tarifa comercial, para “salvar el bolsillo de los ciudadanos y evitar la asfixia del sector productivo”.
Hacer opcional la obligación de que las empresas generen su propia energía, proponiendo en su lugar créditos fiscales como incentivo.
Canalizar los recursos para la restitución del sistema mediante fondos petroleros y esquemas de amortización a largo plazo. La propuesta fue consignada ante la Comisión de Administración y Servicios de la AN, con el objetivo de ser considerada antes de la segunda discusión del proyecto de reforma.