“Estamos escuchando a todas las partes”
Familiares de los 32 fallecidos durante más de un mes protestas en Bolivia han pedido justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó al país para investigar los sucesos que precipitaron la renuncia del presidente Evo Morales tras unas elecciones calificadas de fraudulentas.
La Comisión llegó en lunes a Sacaba, en las afueras de Cochabamba en el centro del país, donde murieron nueve manifestantes cuando las fuerzas del orden repelieron a seguidores de Morales.
“Estamos escuchando a todas las partes para tener una visión amplia y plural de lo que pasó en las protestas y emitir recomendaciones”, dijo Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la Cidh.
“Es nuestro deber empujar a las autoridades a cumplir con su deber de hacer justicia, reparar a las víctimas y aclarar los hechos”, les dijo Abrao a los familiares con quienes se reunió la víspera en Senkata, un suburbio de La Paz donde murieron otras nueve personas en una arremetida de las fuerzas del orden.
En un comunicado, la semana pasada, la Cidh condenó el “uso excesivo de la fuerza” policial y militar para reprimir las manifestaciones y manifestó su “profunda preocupación” por un decreto gubernamental que eximió de responsabilidades al ejército.
Según las pericias, los fallecidos murieron por impactos de bala, pero el gobierno negó que los proyectiles sean de uso del ejército. Reseñó el diario Panorama.
“Soy la viuda de Juan José Tenorio, me ha dejado un hijo huérfano. Suplico que hagan justicia. Esto no puede quedar así, nos matan como si no tuviéramos derechos”, declaró María Cristina Quispe en Senkata ante los comisionados.
Áñez designó al primer vocal del Tribunal Supremo Electoral
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, designó este lunes a Salvador Romero como uno de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la nación.
Resaltó Unión Radio que de acuerdo con la Constitución, de los siete vocales del TSE, uno es designado por el presidente del Estado, y los restantes seis son elegidos por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
