La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró este jueves que tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la disputa que el país tiene en La Haya con Guyana por los 160 000 kilómetros cuadrados de territorio situados al oeste del río Esequibo, en respuesta a la solicitud de Venezuela, que había intentado que se considerase “inadmisible” el caso.
La CIJ rechazó por unanimidad los argumentos de Venezuela, que expuso varias razones en sus alegatos escritos y orales para “solicitar a la Corte que resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles”, mientras que Guyana había pedido “rechazar las excepciones preliminares” interpuestas por la administración de Nicolás Maduro y pasar al fondo del caso.
Además, rechazó que el Reino Unido tenga obligación de tomar parte en el caso, en contra de la consideración de Venezuela, que vio a Londres como una parte necesaria en la validez del Laudo del Tribunal Arbitral de 1899, en el marco de la disputa territorial que mantienen ambos países por la región de Esequibo.
Venezuela sostenía que la CIJ no tiene jurisdicción para escuchar la postura de Guyana pero, tras determinar el tribunal hacerlo, pidió a la Corte que dictamine que no puede escuchar el caso porque el Reino Unido no fue partícipe de dicho procedimiento.
También había pedido al Reino Unido “dar la cara” por el “despojo” de la región de Esequibo y afirmó que el laudo arbitral de 1899, al que Guyana busca que se le dé validez, se adoptó cuando este país “ni siquiera existía como República”, ya que era una colonia británica.
El pasado 17 de noviembre, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, viajó a La Haya para defender a Venezuela en la disputa con Guyana y advirtió que su país es el único “heredero histórico indiscutible” de los territorios.
Por su parte, el agente de Guyana, Carl Greenidge, lamentó que la participación de Venezuela en este proceso “tome forma de objeciones preliminares tardías que buscan prevenir o retrasar la determinación” de los reclamos de Guyana.
El pasado 17 de febrero, Venezuela ratificó la vigencia del Acuerdo de Ginebra, que cumple 57 años, como el único marco jurídico que reconocen para la resolución del laudo arbitral de 1899, usado por Guyana como argumento en el litigio, al considerar que se trató de un “fraude” que “facilitó el despojo” de este territorio por parte de Reino Unido.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.