Un total de 79 personas procesadas y condenadas por delitos vinculados a la violencia política entre los años 2014 y 2018 han recibido entre este viernes y sábado distintos beneficios procesales por parte del Poder Judicial venezolano, medidas que entran dentro del proceso de diálogo que propuso el presidente de la República, Nicolás Maduro.
La Comisión de la Verdad -encargado del proceso- se reunió este sábado por segundo día consecutivo para el otorgamiento de beneficios procesales a un nuevo grupo de venezolanos incursos en hechos de violencia política entre 2014 y 2018.
En la actividad, que se desarrolla desde Casa Amarilla, se encuentran actores garantes de este proceso y representantes de organizaciones políticas de la oposición, entre ellos Pedro Pablo Fernández, dirigente de Copei; y los gobernadores Ramón Guevara, del estado Mérida, y Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui.
El ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, afirmó que “hoy son 40 venezolanas y venezolanos, que junto a los 39 de ayer, suman 79 personas que han recibido algún tipo de beneficios procesales amplios”.
Aseguró que algunos sectores no han reconocido el proceso que se está realizando e indican una menor cantidad de beneficiados; “los extremistas de la oposición solo hablan de cinco o seis. Insistimos en nuestro llamado a la paz, más allá de los guerrilleros de Twitter”, declaró.
Igualmente, informó que la evaluación de los casos continuará para anunciar nuevos beneficiaros y liberados en las próximas horas.
La presidenta de la Comisión de la Verdad, Delcy Rodríguez, indicó que esta medida invita a estos beneficiaros a dirimir las diferencias por las vías pacíficas y democráticas.
“Requerimos del compromiso expreso y voluntad de ustedes de apartarse por siempre de la violencia política, del odio, de la intolerancia. Las diferencias entre los venezolanos tenemos que resolverlas por vías pacíficas, democrática y constitucional”, expresó.
Este viernes 1º de junio, otro grupo de 39 personas que se encontraban detenidas por participar en violencia política en el país recibieron un conjunto de beneficios procesales en aras de fortalecer el proceso de paz y de reconciliación nacional.
