Conferencia Episcopal Venezolana considera que se deben realizar una investigación que siga “los canales propios del proceso penal”, para determinar a los responsables del atentado contra el presidente Nicolás Maduro.
La CEV emitió un comunicado, la tarde de este jueves 9 de agosto, pronunciándose a los hechos sucedidos el sábado 4 de agosto, en la avenida Bolívar en Caracas, donde el jefe de Estado fue testigo de como un dron estalló en el aire, a pocos metros de la tribuna principal, cuando cerraba un acto de conmemoración por los 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana.
La institución religiosa instó al gobierno nacional a “cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país”.
“Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”, indicó el texto.
COMUNICADO
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela, consciente del momento crítico que vive nuestro país y tomando en cuenta muy especialmente la situación generada por el presunto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto, considera lo siguiente:
1) Los hechos punibles que se investiguen, deben determinarse siguiendo los canales propios del proceso penal llevado por los Tribunales competentes que impliquen la existencia del delito y su tipificación, condiciones indispensables para determinar las responsabilidades y culpabilidades consiguientes.
2) Las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
3) El Consejo Moral Republicano, conformado por la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República de acuerdo a sus competencias y atribuciones constitucionales están en la obligación de velar por el efectivo respeto y garantías de los Derechos Humanos, investigando de oficio las denuncias que conozcan, amparar y proteger los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas, contra las arbitrariedades y desviaciones de poder, interponiendo las acciones necesarias, que conduzcan a determinar la responsabilidad de los funcionarios de cualquier instancia que vulnere los Derechos Humanos.
Vistas estas consideraciones, esta Comisión de Justicia y Paz con base al Evangelio, el magisterio de la Iglesia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, insta al gobierno nacional a cesar la represión violenta contra los ciudadanos, acciones que se suman a la situación de crisis de inseguridad y desequilibrio social que vive el país. Así mismo, recuerda al Consejo Moral Republicano la obligación de proteger los Derechos Humanos de los ciudadanos y a investigar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que vulneren estos derechos.
Invitamos a todos los grupos y vicarias de DDHH a estar atento de violaciones de derechos humanos, sistematizar todas las acciones y denunciar en las instituciones rectoras todo acto que viole el debido proceso.
Mantengámonos en oración permanente y que el Señor nos conceda el Don de la paz y de la concordia.
Es justicia en la ciudad de Caracas a los 9 días del mes de agosto de 2018.
+Mons. Roberto Lückert
Arzobispo Emérito de Coro
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV
Pbro. Saúl Ron Braasch
Vicario General de Justicia y Paz
Fuente: Panorama
