La víctima es un funcionario de un organismo de seguridad
RONALD PEÑARANDA
Un grupo de cuatro efectivos, entre ellos una femenina, de la Dirección Contra la Delincuencia (DCDO) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Los Teques, son señalados de incurrir en los presuntos delitos de tortura y extorsión.
Jaglen José Román Guerrero, funcionario de un organismo de seguridad en La Guaira, declaró al Diario Avance, que el pasado lunes 26 de septiembre, pasadas las 8:00 pm, se encontraba en su apartamento en residencias Skorpio en el sector El Rincón de la capital mirandina, cuando tocaron su puerta y era un conocido que le hace trabajos de mecánica.
“Abro la puerta, pero la reja no, lo veo a él muy nervioso, le pregunto que si le pasaba algo, él se quedó callado, le pregunto si viene con alguien, me asomo y veo a un policía que me apuntó con un arma en la cara, me amenaza que si no lo dejo pasar me van a disparar. Al verme en peligro abro la reja y tres uniformados sin identificación, orden judicial o identificación de rangos y nombres revisan mi casa”, relató.
Indicó que los miembros de la comisión lo interrogan, le preguntan si es funcionario, “me quitan mi credencial, mi teléfono, me niegan grabar el procedimiento. Les pregunté sobre la orden y se negaron a darme información”
“En contra de mi voluntad me sacan de mi vivienda, siempre apuntándome con un arma a mi costado. Me suben a un vehículo tipo machito sin identificación, no estaba rotulado”.
De igual forma también se llevaron detenido al mecánico, “quien en el trayecto al lugar donde nos llevaban me dijo que a él lo interceptaron afuera de la residencia, le preguntaron por mí, le colocaron una bolsa en la cara para asfixiarlo y para que diera información sobre mi paradero. Él en todo momento les dijo que era mi mecánico”.
“Pedían $5.000”
Ambos fueron trasladados hasta la sede de la DCDO en La Macarena, “ahí ellos alegaban que yo tenía antecedentes penales me dijeron que debía buscar $5.000 en efectivo, para dejar sin efecto todo, les decía que me dijeran que delito había cometido y no me daban respuestas”.
“Ellos manifestaban yo no era funcionario, que mi credencial era falsa. Me amenazaban con una fiscal que era amiga de ellos para imputarme, nunca dijeron su nombre ni los delitos por los cuales me imputarían”.
Aseguró que después de varias horas y luego de averiguar sobre mí, constataron para cual institución trabajaba, “entonces indicaron que se habían equivocado con el procedimiento. Me obligaron a firmar un escrito en el que según yo afirmaba que no había sido torturado. Me presionaron para desbloquear mi teléfono, tomaron fotos de mis conversaciones y fotos personales sin mi autorización. A la una de la madrugada del martes deciden liberarme”.
Ese martes 27-S, Román Guerrero, acudió a la oficina de Respuesta de las Desviaciones Policiales de la PNB en Caracas y a la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Protección de Derechos Humanos del Ministerio Público del Área Metropolitana para formular la denuncia, “porque he sido objeto de una mala praxis policial”.
