GNB dispersó manifestación en redoma de La Matica

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dispersaron con bombas lacrimógenas a un grupo de trabajadores de la Gobernación que protestaba en la Panamericana, a la altura de la redoma de La Matica, por el retraso en el envío de recursos para el pago de ajuste salarial y bono de alimentación.

Los uniformados se llevaron detenidos a cuatro funcionarios, tres mujeres y un hombre, que fueron trasladados al comando ubicado en el INOF.

Entre los arrestados destacan las comunicadoras sociales  Oscaremis Bello y Lissett Luque, quienes trabajan en prensa del Ejecutivo regional.

A través de su cuenta de Twitter, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), pidió la liberación de ambas profesionales.

Alfredo Perdomo, presidente del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep-Miranda), denunció agresiones contra sus compañeros.

“Los militares arremetieron contra nosotros, reprimieron una manifestación pácifica, solo estabamos reclamando las reivindicaciones que nos corresponden”.

Denunció que los uniformados montaron en un camión cuatro motos que se encontraban estacionadas en Farmatodo y que son propiedad de unos trabajadores.

Advirtió acciones legales contra los que incurrieron en el exceso. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante semejante abuso”.

Añadió que frente a esta circunstancia evaluarán las acciones futuras para exigir el dinero que se necesita para cumplir con los compromisos laborales pendientes.

Volvió a expresar su preocupación por el retardo en el traspaso del dinero correspondiente al Situado Constitucional.

“Esta primera quincena de agosto, que se debe cancelar el 10, no se sabe si la cobraremos porque aún no mandan la plata”.

Añadió que la última vez que se dirigieron a la Vicepresidencia de la República, les dieron un número telefónico para saber el estatus de la solicitud de los reales, “pero pareciera que está cortada la línea”.

Piden respeto

Juan Fernández, secretario de Gobierno, rechazó la acción y agregó: “No es posible que en Venezuela se quiera acabar con el legítimo derecho a la protesta pacífica que contempla nuestra Constitución”.

“Un pancartazo en la calle no puede ser visto como una movilización política, sino como una expresión genuina del personal, que necesita comprar comida y alimentar a sus hijos”.

Señaló que se está viviendo una situación económica muy grave producto de la inflación, y en el estado es “aún más complicada porque el Gobierno tiene más de un mes sin enviar los recursos del Situado”.

Recordó que hasta ahora el Ejecutivo central le adeuda a la entidad más de Bs. 56 millardos, a raíz de aumentos de salario anunciados en lo que va de año y de créditos adicionales, “que han sido aprobados y publicados en Gaceta Oficial, pero que no han ingresado a las arcas regionales”./RP/ac/Foto: Gustavo Ramírez/