Nueve organizaciones se unen en la Alternativa Popular
ARTURO TOVAR
“Nosotros decidimos salir del Gran Polo Patriótico (GPP) por varias diferencias irreconciliables en la forma del cómo se debe hacer política y la vida social del país. Nosotros como movimiento social, encabezado por el Partido Comunista de Venezuela, nos negamos a ser partícipes de la entrega del país y acatar medidas de corte neoliberal que socavan la paz”.
Así lo declaró el candidato a la Alcaldía de Guaicaipuro por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), Noel Briceño, quien aseguró que no se pueden solventar los problemas de la ciudadanía pactando con “el enemigo”.
“Estamos de acuerdo con el Gobierno nacional en muchas cosas, sobre todo en materia de política internacional porque hay un enemigo en común, pero a lo interno es necesario mirarnos las caras porque hay muchos problemas que no hemos resuelto y que no se resolverán pactando con el enemigo natural, que es la burguesía tradicional y el capitalismo salvaje”, dijo.
Agregó que no se puede “permitir que factores que antes se decían ser revolucionarios, terminen entregando la patria a nuestro adversario, eso es una contradicción. Es un infortunio por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) niegue la participación a compañeros nuestros como Eduardo Samán y otros líderes, esas son formas que atentan contra un derecho humano fundamental, como lo es la participación política.”
Detalló que es inconcebible “para nosotros que se les niegue la participación a verdaderos camaradas de la izquierda revolucionaria y en lugar de eso se sienten a negociar con delincuentes confesos”.
El movimiento APR está conformado por el PCV, Tupamaro de la corriente Pinto, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR 200), Lucha de Clases, Partido Humanista de Acción Nacional (PHAN), Comité de Usuarios de Transporte, Movimiento Vecinal, el Movimiento de Cultores y Cultoras, así como también distintas personalidades de la jurisdicción.
Asimismo habló de sus líneas de gobierno, entre las cuales destaca la interacción con las comunidades, la revisión del “estatus de privatización” de servicios públicos y la revisión de ordenanzas municipales, que anclan el pago de impuestos a una moneda fluctuante.
