Este martes el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos autorizó a la Administración del presidente, Donald Trump, reactivar de forma temporal su política para enviar a algunos deportados a terceros países con los que tienen vínculos y ha programado nuevas audiencias para conocer este caso.
Esta decisión deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre a qué país serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
El gobierno norteamericano había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.
El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por The New York Times.
