Advierten que sería otra dura presión fiscal
La empresa privada no está capacitada para contribuir a la generación de un fondo de pensiones ya que el 95% de este sector se encuentra deprimido, según lo opinó el presidente de la Cámara de Artesanos y Pequeños Comerciantes de Miranda, Bernardo Calvo.
Las declaraciones las emitió a Avance el empresario, un día después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara un aumento de 130 dólares en el salario mínimo integral indexado, que es conformado por el bono de guerra económica (que pasó de 60 a 90 dólares) y los 40 dólares correspondientes a los cestaticket. Este incremento no representa ninguna incidencia en los beneficios laborales que contempla la ley.
El jefe de Estado también anunció que será presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley especial de los aportes de los empleados para la protección de las pensiones frente al bloqueo imperialista, esto con la finalidad de que el sector privado contribuya al pago de pensiones.
Sobre este tema, Calvo detalló que el sector privado no se encuentra en desacuerdo en contribuir a esta nueva medida, pero considera que no es el momento adecuado para colocar una nueva responsabilidad a empresarios.
“Tenemos una presión fiscal muy dura y ahora, las pensiones serían otra presión fiscal ya que serán obligatorias y además habrán sanciones para quien no cumpla, porque el empresario no está en capacidad de contribuir voluntariamente”, explicó.
Recuperación se ve comprometida
También se refirió a la situación económica actual como un “periodo de recuperación” en el que el sector coge impulso para volverse a posicionar, pero con las nuevas medidas, opinó que este momento de recuperación se verá retardado.
Consideró injusto que el Gobierno nacional pase una especie de factura a un “sector económico deprimido y empobrecido “tras atravesar una mega renta petrolera en la que no se hicieron reservas económicas para que las pensiones se recuperen en pro de la vejez o retiro de los trabajadores”.
El rechazo
Para el próximo 29 de mayo, el Frente de Defensa de Jubilados y Pensionados, convocó a una nueva marcha nacional para rechazar el anuncio presidencial, por considerar que el Gobierno trata de eludir su responsabilidad al presentar una ley que obligue a la empresa privada a aportar cuotas para los pensionados. “El Ejecutivo no puede agarrar a más de 2 millones de pensionados y decirles que será la empresa privada la que ahora va a financiar las pensiones”, declaró el coordinador de esta organización, Luis Cano a través de su cuenta en X.
