Aseguran que la medida generará más corrupción en la economíaUn atentado contra el libre comercio es lo que consideran los empresarios que significa la medida que anunció el miércoles el Ministerio de Alimentación, la cual establece que tendrán que firmar un contrato con redes del Estado para adquirir los productos y someterse a fiscalizaciones por parte de los consejos comunales.
Nelson Puchi, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales de Miranda (Capmi), destacó que este nuevo control generará más corrupción en el país, ya que los miembros de la comunidad podrían pedir pago de vacunas para no acosar y perseguir a los dueños de los comercios.
“Los empresarios se sentirán atropellados por este tipo de acciones, por lo tanto podrían cerrar sus negocios a corto o mediano plazo, y dejarán a mucha gente sin empleo. Esto para el Gobierno es perjudicial y para el pueblo más todavía”.
Advirtió que la medida provocaría más desabastecimiento. “Se desconoce cuál es la verdadera finalidad de esta normativa, pues no tiene lógica. Es incompresible que un vendedor tenga que soportar las presiones por parte de sus vecinos”.
Aseguró que con este tipo de acciones los venezolanos se encuentran ante un Gobierno autoritario. “Esta no es la forma de mejorar la situación del país. Los comercios ciertamente tienen que ajustarse a lo que dice la ley; sin embargo, estos extremos son innecesarios”.
Bernardo Calvo, representante de la Cámara de Comercio de Los Salias, consideró la medida como un vil atentado a la Constitución. “Esto está ocurriendo porque en lugar de tener abundancia de productos como la teníamos antes de esta revolución, ahora tenemos escasez generalizada”.
Señaló que la única forma de resolver la carencia de alimentos es que el Gobierno recorte los gastos innecesarios que desembolsa al año. “Tienen que dejar los regalos a Petrocaribe, la corrupción administrativa, extorsión aduanera y otros elementos que desvían la productividad económica”./sa
Por: Claudio Vargas