La Cámara de Artesanos, Pequeños y Medianos Industriales del Estado Miranda (Capmi) señaló que las alcaldías mirandinas no pueden delegar sus funciones públicas a las empresas que contratan para la ejecución de un servicio, y por esta razón alertó a los sectores comercial e industrial del municipio Carrizal a no suministrar información a terceros.
Bernardo Calvo, presidente del gremio, explicó que ningún contrato celebrado con un ente público puede modificar la normativa legal.
“La relación de la compañía es con la alcaldía que la contrató y nada tiene que ver con los contribuyentes del servicio de aseo urbano y domiciliario. Es una simulación de privatización”.
Explicó que ningún comercio o industria está obligado a recibir o atender a trabajadores de una empresa con la que no tienen obligación alguna, tanto contractual como administrativa o subjetiva.
“El único cliente de esta empresa, Protecnia, es el gobierno de Carrizal. La concesión para la prestación del servicio es solo eso, no se puede conferir la relación entre contribuyente y ente púbico”.
Consideró irregular que una operadora pretenda tratar a los contribuyentes como clientes, “intentando exigir pagos privados, como si fueran obligaciones tributarias. Tanto la empresa como la alcaldía tienen responsabilidad en este desvío legal”, aclaró.
Recomendó a los contribuyentes qué hacer ante la visita no solicitada de una compañía privada a sus negocios. “En primer lugar, pedirle que se retire del establecimiento y si los presuntos representantes de la empresa los amenazan, deben llamar a la Policía Nacional. El empresario o comerciante puede estar frente a un acto de violencia con fines económicos”.