A siete semanas y media del 10 de enero de 2019, las inquietudes y expectativas, frente al hecho jurídico y político, que esa fecha convoca, echa andar una cuenta regresiva, que luce conducirnos a un abismo. El gobierno subestima el hecho por dos razones excesivamente confiables.

La primera, es que sigue abrochado al Alto Mando Militar, pues al final es quien decide por la fuerza, que es legal o inconstitucional. Segundo que ya la Asamblea Nacional ha bajado de la silla de Miraflores a Nicolás Maduro varias veces, y no ha pasado de un papel escrito, hecho que desinfla significativamente la esperanza de lograr desalojar al chavismo del poder, con fuerza popular.

No obstante la hoja de ruta de la oposición con sus aliados en el extranjero, mantiene su marcha indetenible para llegar ilesos a la fatídica fecha. Para tal efecto, saca de la manga una truculenta propuesta legal, pues a pesar de lucir rebuscada, la letra no pega, pero la música sí, ya que convoca a tararearla.

La misma, según Omar Barboza (OB), consiste en decretar la falta absoluta del presidente, ya que el Gobierno cesa sus funciones y según la Constitución, debe asumir el presidente de la AN, quien posteriormente en un plazo de 3 meses, convocará a elecciones. OB plantea que ese decreto debe ser aprobado por los diputados, cinco días antes del 10 de enero, justo la fecha en que debe elegirse una nueva directiva de la AN, proceso que será abortado para no embochinchar el objetivo.

De llegar a cumplirse este plan, de cuyas probabilidades, a nuestro juicio es 0%, imaginamos que el que resulte seleccionado irá preso ipso facto y la AN disuelta, por conspiración. A menos que esté planificado un “pisa y corre” del ungido, quien luego de juramentarse escaparía de inmediato al exterior, para formar el gobierno en el exilio, en busca del efecto dominó, con aquellos países que ya han declarado no reconocerán a Maduro.